LA HISTORIA SIN FIN

Del latín ‘prorogare’, en la primera de sus acepciones ‘prorrogar’ es la acción de "continuar, dilatar, [o] extender algo por un tiempo determinado". Nuestros congresistas, sin embargo, no tienen problema en violar la definición de esta palabra para convertir lo determinado en eterno. Y es que, nuevamente (y por enésima vez), los padres de la patria han aprobado -sin debate en el pleno- un proyecto de ley que extiende hasta el 31 de diciembre del 2015 la vigencia de diversas exoneraciones tributarias para la región Loreto, que están a punto de vencerse y que, en otras oportunidades, ya habían sido "prorrogadas".Las exoneraciones tributarias deberían despertar la desconfianza de cualquiera. Primero, por una cuestión elemental de justicia: salvo quienes realmente no tienen capacidades para generar ingresos, nadie debería tener el privilegio de gozar gratuitamente (o, más bien, a costa del resto) de los servicios que brinda el Estado. Por otro lado, las exoneraciones generan una serie de problemas económicos que afectan la economía en general. Por ejemplo, hacen que los inversionistas escojan proyectos que serían menos rentables que otros en igualdad de condiciones, pero que resultan más convenientes gracias a la exoneración. Así, se pierde la oportunidad de que los empresarios inviertan en negocios que generarían más riqueza que los beneficiados por la excepción tributaria. Teniendo esto en cuenta, es claro que habría que tener una razón muy buena para crear una exoneración. En el caso de las que benefician a la región Loreto, la justificación que se utilizó al momento de su creación en 1998 fue que permitirían el desarrollo de una zona con incipiente actividad empresarial y que, así, mejorarían las condiciones de vida de sus habitantes.Hace buen tiempo, sin embargo, que dicha justificación se probó falaz. En el 2003, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encargó a Apoyo Consultoría un estudio del impacto de las exoneraciones tributarias en la selva. Se encontró que ellas no generaron una mejora significativa en la calidad de vida de sus ciudadanos; es más, se menciona que en el período 1996-2000 la pobreza aumentó en casi 10% en esta región. Asimismo, según el estudio, exonerar a la Amazonía del pago del IGV no sirvió para que los consumidores gocen de precios más baratos. Resultó que el índice de precios al consumidor (IPC) de las principales ciudades de la selva tuvo un comportamiento similar al del de Lima en esa época, lo que sugeriría que las exoneraciones beneficiaron principalmente a las empresas y los ahorros no fueron trasladados a los consumidores. Pero no solo eso. Ya en el 2000 el Indecopi había detectado que las exoneraciones tributarias de la selva habían generado la aparición de contrabando. Varias empresas, por ejemplo, adquirían combustible en esta región a precios menores gracias a los beneficios tributarios para venderlo luego informalmente en la costa y en la sierra. En pocas palabras, le sacaban la vuelta al sistema para dejar de pagar los impuestos a los que estaban obligadas.A pesar de que esta evidencia existe hace alrededor de una década, el Congreso sigue “prorrogando” estas medidas que nos cuestan a todos y que, aparentemente, solo benefician a los vivos. Parece, no obstante, que el impacto real de las exoneraciones no es lo que le interesa al Parlamento, pues ni siquiera, como señaló el congresista Juan Carlos Eguren, se tuvo la seriedad de pedir la evaluación del MEF (el experto en este tema) durante el debate del proyecto de ley en la Comisión de Economía. Lo sensato realmente hubiera sido eliminar de una vez las exoneraciones y apostar por un plan de desarrollo de la selva que pase por conectarla con el resto del país construyendo infraestructura y reduciendo las barreras estatales que existen para hacer negocios, así como apoyar a las zonas de pobreza extrema con programas sociales efectivos. O, en todo caso, buscar alguna otra estrategia que sí tenga efectos positivos en la vida de los ciudadanos más necesitados y no solo en quienes encuentran cómo hacer trampa con la ley. Pero parece que la sensatez, a diferencia de las exoneraciones tributarias, hace tiempo dejó de recibir prórrogas dentro del Congreso.