EXPECTATIVA. El borrador del proyecto de la nueva Ley de Servicio Civil contiene reglas claras para profesionalizar la planilla estatal. Los 560 mil empleados pertenecientes a los regímenes del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y de los llamados 276 y 728 (por las leyes que los crearon) tendrán que someterse a evaluaciones si desean ver incrementadas sus remuneraciones y deberán dejar sus puestos si no responden a las nuevas exigencias. Por supuesto, también habrán capacitaciones.Solo falta que el Ejecutivo termine de afinar el proyecto y que en el Congreso reciba la prioridad que merece. El proceso tendrá plazos, algo que no suele ser contemplado en este tipo de normas: doce etapas en siete años para adecuarse al régimen, que será el único vigente, según aseguró el ministro. Además, llama positivamente la atención que no se haya mencionado la palabra "reforma", una palabra que esperamos que caiga en desuso pues se ha convertido en sinónimo de fracaso.Con la excepción de la "reforma magisterial" -que se trajo abajo lo poco que se había avanzado-, el presente gobierno ha optado por la saludable decisión de mantener las bases de la política de Estado, particularmente en el programa económico, y hace esfuerzos por mejorar lo que no ha estado funcionando bien, como por ejemplo, la ineficacia de los programas sociales. Si una de las causas de ese manejo deficiente es precisamente la falta de profesionalización de los funcionarios públicos, entonces resultaba necesario atacar ese problema con soluciones como la anunciada por Villena.Lo que ahora cabe preguntarse es cuán realista será esta reestructuración de la planilla estatal. Por ejemplo, ¿quién estará a cargo de las evaluaciones? En ese sentido, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) necesita recibir el mayor apoyo político para hacerse cargo de esa tarea, preferiblemente a través de la contratación de firmas privadas ajenas al Estado, a fin de asegurar la independencia y transparencia del proceso. Asimismo, será crucial aplicar los alcances de la nueva ley al personal de los gobiernos regionales y locales, donde la capacitación y la evaluación brillan por su ausencia.
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