La semana pasada, el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no solo sorprendió al realizar declaraciones que abrieron las puertas para una eventual candidatura de Nadine Heredia, sino que además llamó la atención lo que dijo sobre el voto facultativo. El señor Francisco Távara, básicamente, se manifestó en contra de la posibilidad de que los peruanos tengamos el derecho de elegir libremente si acudir o no a las urnas. Las razones serían que "estamos en una democracia incipiente, en formación" y que este sistema podría poner en duda la legitimidad de los procesos electorales. Por ello, en palabras del funcionario, pensar en el voto facultativo sería "prematuro" para un país como el nuestro.Sobre todo esto, hay bastante que decir. Para empezar, si bien es cierto que aún no podemos presumir de gozar de un sistema democrático sólido, no hay por qué pensar de plano que el voto facultativo contribuiría a debilitar nuestro régimen político. En contra de lo expresado por el señor Távara, la evidencia internacional muestra que la democracia, en la gran mayoría de países que hoy son desarrollados, nació -y continuó- sin que el voto fuese obligatorio. De hecho, salvo los casos de Austria, Holanda, España (naciones que lo abolieron hace varias décadas), Bélgica (donde es obligatorio solo en el papel, pues no se sanciona el incumplimiento de dicho deber), Luxemburgo, Australia y Singapur (donde aún existe), ningún país desarrollado ha tenido en algún momento de su existencia voto forzoso. Más aun, de los 23 países del mundo que mantienen al día de hoy la tradición del voto obligatorio, solo 10 sancionan a quienes no votan y de ellos varios tienen democracias precarias. Por ejemplo, además del Perú, Argentina, Brasil, Congo y Nauru. Por otro lado, tampoco es correcto el argumento de que el ausentismo que provocaría la instauración del voto voluntario deslegitimaría el proceso electoral, ya que las autoridades no habrían sido elegidas con amplio respaldo popular. No perdamos de vista que un proceso de elección en el que solo una fracción de los ciudadanos decide participar es también legítimo porque aquellos que no votan están expresando una preferencia política (por ejemplo, que no se sienten representados por ningún candidato, como hacen quienes votan en blanco o viciado). Vista de esta manera, la libertad de votar sirve además como un termómetro para medir qué tan involucrada se encuentra la ciudadanía con los partidos políticos y eso, a su vez, crea incentivos en estos últimos para que trabajen en conectar sus propuestas con las reales necesidades del pueblo. Todo esto sin contar que la legitimidad de una autoridad se construye principalmente a través de la buena gestión del cargo, pues ni con el apoyo unánime de todos los electores el día de la votación podría ser legítimo un funcionario público que, una vez asumidas sus funciones, no se gane el respeto de los ciudadanos con sus actos.Más aun, el voto facultativo podría incluso ayudar a fortalecer la democracia. Ella, después de todo, no se solidifica mientras más personas voten, sino mientras mejores decisiones se obtengan gracias al proceso electoral. Y resulta que en un sistema de voto voluntario, es esperable que quienes acudan a las urnas sean los ciudadanos más interesados en la vida política, que precisamente tenderán a ser los más informados y, por ello, quienes tengan mayores chances de elegir sopesando la mayor cantidad de elementos de juicio posibles. Forzar a votar a los desinformados, en cambio, es admitir que la decisión de quién gobierna puede ser tomada como lanzando una moneda al aire. Una vez bien considerados los argumentos, queda claro que los problemas que el señor Távara ve en el voto voluntario no son tales. Por el contrario, implementar esta reforma podría ayudar a modernizar nuestra democracia y entregaría a los ciudadanos algo que desde siempre debió ser suyo: la libertad de no elegir.