Ante la inminencia del cierre de la legislatura, y con un feriado de por medio, el pleno del Congreso de la República tiene que ser lo suficientemente autocrítico y responsable para dejarse de frivolidades y abordar los urgentes cambios que demanda la legislación electoral antes de que fenezcan los plazos.Hoy es un día crucial para tal objetivo. Tras los escandalosos sucesos que han girado en torno a una cuestión tan vergonzosa como sus altos emolumentos, los legisladores deben hacer honor a su nombre y dar las leyes que reclama el país para asegurar la estabilidad y el orden democrático.Son varios los temas que no pueden esperar la última hora, como sucedió escandalosamente con el reférendum, cuyo fracaso se debió, en parte, a los gruesos errores del Parlamento que pretendió cambiar las reglas de juego a último momento.Tal escenario no debe repetirse. Está pendiente, en la actual legislatura, el debate y la aprobación de la ley que confirme la autonomía y plena competencia del Jurado Nacional de Elecciones como máxima autoridad electoral, lo que ha sido impugnado por el Tribunal Constitucional. Permitir la intervención de otros estamentos abriría una caja de Pandora de consecuencias caóticas, no solo operativas sino, sobre todo, jurisdiccionales y democráticas: tendríamos una ola de denuncias y apelaciones de nunca acabar.Asimismo, este Congreso debe delimitar las circunscripciones electorales para asegurar la representatividad y rendición de cuentas de los elegidos ante sus electores. Por ejemplo, está en agenda la creación del distrito electoral Lima Provincias, lo que debe obedecer, finalmente, a criterios democráticos y no a conveniencias político-partidarias.Otro tema que tiene que concretarse prontamente es la suspensión de las sanciones a los omisos al sufragio. Es una cuestión importante, pues se vincula no solo con la menor obligatoriedad del voto, sino también con la recuperación de derechos cívicos y ciudadanos. Aquí habría que ver si es necesaria una seguna votación parlamentaria o solo el acuerdo de la junta de portavoces.Se trata de cruciales asuntos que no pueden ser soslayados. El pleno del Congreso no puede eludir su responsabilidad y demostrar así su sintonía con las preocupaciones ciudadanas.