NUEVA OPORTUNIDAD. La engorrosa tramitología (permisos, licencias y demás trámites) que se tiene que seguir en nuestro país para ejecutar una inversión (pública o privada) es uno de los problemas de la gestión pública. Si bien desde los 80 se han tratado de simplificar los trámites y en la última década se han intentado algunas reformas en este sentido, con algunos avances, por falta de voluntad política estos no han sido homogéneos.En el último ranking mundial de competitividad del World Economic Forum, el Perú figura en el puesto 29 de un total de 144 países en lo que se refiere al número de procesos para iniciar un negocio (lo que es un buen avance), pero, en cuanto al número de días para iniciar el negocio estamos en el puesto 93. Existe una enorme cantidad de trámites, muchos de ellos repetitivos y que se justifican solo por la estabilidad laboral absoluta de que goza la gran mayoría de empleados públicos, ya que de no ser por ello, se habrían racionalizado hace mucho tiempo con la tecnología disponible. Lo más grave es que este problema ocurre a todo nivel (gobiernos central, regional y local) y es más aún crítico en los municipios. Por ejemplo, las licencias de construcción que otorgan estos (proceso que hace 10 años demoraba dos meses) se ha ido dilatando (por los Estudios de Impacto Ambiental, los certificados de seguridad, entre otros) y ahora se demoran seis meses.Consideramos que una mejora sustancial en el tema de la tramitología ante el Estado está ligada a la implementación de un buen gobierno electrónico; a la reforma del servicio civil público; a la racionalización de procesos, entre otros. Sin embrago, el gobierno electrónico se implementa tan lentamente que no tiene efecto práctico. En cuanto a la reforma del servicio civil público, si bien el ministro de Economía acaba de anunciar la convicción del Gobierno de llevarla adelante cuanto antes, habrá que esperar si no se queda en buenos deseos, como otras veces. El hecho es que, resolviendo el problema de la tramitología en el Estado, se resolverá gran parte de la corrupción en el sector público, porque a menos procesos y trámites, menos oportunidades de sobornos.
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