A partir de ahora, financiar directa o indirectamente, por cualquier medio, actos terroristas será castigado hasta con 35 años de cárcel, según la modificación de la ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, instrucción y el juicio de estos ilícitos. En la norma se establece, además, 20 años de pena mínima para quien provea, aporte o recolecte fondos, recursos financieros o económicos, servicios financieros o conexos para cometer cualquiera de los delitos previstos en esta ley.