La delicada coyuntura actual ofrece al Poder Judicial la oportunidad de demostrar su compromiso con el Estado de derecho y el orden constitucional, así como de reivindicarse ante una ciudadanía defraudada que espera una real voluntad de cambio. Para muestra, varios botones:El Caso Zevallos, donde algunas instancias judiciales están dando pasos positivos, es una prueba de fuego para este poder del Estado. Y no solo por su complejidad, sino también por otros gravitantes factores, que van desde la actitud permisiva y cómplice de algunos jueces en el pasado, hasta la revelación de siniestros planes para atentar contra la vida de ciertos jueces, fiscales y procuradores que ven hoy el caso.Dados los antecedentes, en que varios testigos fueron asesinados, dichas amenazas no pueden pasarse por alto. Debe, pues, investigarse la posibilidad de un complot, pero también redoblar la protección de estos magistrados, para que puedan actuar con la suficiente autonomía y firmeza. Como siempre lo hemos sostenido, la lucha contra las mafias --como ha sucedido en otros países como Colombia, Italia y España, y en los tiempos del terrorismo en el Perú-- depende de la actuación de jueces probos y valientes, que propicien la renovación ética. Si esta vez se desestima la serie de contundentes evidencias, sería una burla y una pésima señal en la lucha contra el narcotráfico. Hay que reconocer aquí el papel fundamental que ha jugado la prensa para denunciar y exigir justicia.A propósito, otro caso es el del asesinato del periodista pucallpino Alberto Rivera, en el que varios sicarios han confesado que actuaron por órdenes del alcalde Luis Valdez, a quien le incomodaban las críticas del hombre de prensa. ¿Qué se espera para evaluar los testimonios y evidencias y aplicar la ley sin miramientos?Lo mismo puede decirse del caso del invadido mercado de Santa Anita. Son innumerables las veces que se ha frustrado el desalojo. Peor aun, el cabecilla de la mafia invasora, Herminio Porras, sigue burlándose de la ley y disponiendo de propiedad ajena. Los jueces no pueden seguir permitiendo tal barbaridad. Es un escándalo.La ciudadanía permanece atenta a la conducta de los jueces. Estos demandan justificadamente mayor presupuesto, pero tienen aún que demostrar mayores niveles de eficiencia y firmeza en la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y la rampante impunidad.