A los S/.108.418’909.559 (así, con todos sus puntos y comas) que se han planteado como proyecto del presupuesto nacional para el 2013 (13,5% más robusto que el inicial del 2012), algunos gobiernos regionales y otras entidades públicas han solicitado añadir S/.17 mil millones más, de los cuales, por ahora, se han incorporado "solo" S/.2 mil millones. Para tener una idea más clara de lo ocurrido, entre los que han pedido un aumento sustantivo de sus presupuestos están, por ejemplo, 15 de las 25 regiones, e instituciones como el Ministerio de Cultura, el Poder Judicial, la ONPE y el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras.Ahora bien, más allá de que normalmente los pedidos de modificaciones presupuestales empiezan a hacerse a partir de abril del año en que se ejecuta el presupuesto (en este caso, el 2013), como menciona el economista Jorge González Izquierdo, llama la atención una cuestión fundamental: que estas entidades y regiones ni siquiera han terminado de ejecutar su presupuesto designado para este año (y ya estamos en noviembre).Así, nos tomamos la libertad de indagar en la información pública sobre presupuesto nacional que publica el MEF, y revisamos específicamente qué ha venido sucediendo con la ejecución del presupuesto de las regiones que más dinero extra han pedido: Piura, San Martín, Pasco, Huánuco y La Libertad. En promedio, al 14 de noviembre del presente año (es decir, menos de dos meses antes de que el mismo acabe), estas cinco regiones vienen dejando de ejecutar en promedio el 34% de su presupuesto modificado; el caso más grave es el de Pasco, que no ha ejecutado más del 40%. Y a pesar de que uno pueda pensar que, bueno, aún queda tiempo para terminar de gastar el presupuesto, lo cierto es que la historia indica que, aún terminado el año, estas regiones no terminan de ejecutarlo. En el 2011, por ejemplo, dejaron de ejecutar en promedio poco más de 17%, superando La Libertad la barrera del 20%.Pero no solo es observable un problema de ejecución de lo presupuestado; tampoco parece que el gasto realizado sea realmente eficiente. Por ejemplo, como menciona el ránking de "Perú Económico" "Las ciudades más vivibles del Perú", la ciudad de Huánuco tiene un serio problema de conectividad (por su déficit de infraestructura de transportes) que la ubica en el cuartil inferior del ránking y no parece que las autoridades le hayan sacado provecho al presupuesto asignado en años pasados para solucionar esta situación. El aumento tentativo del presupuesto de las demás entidades, por otro lado, también despierta la misma duda. Como señalamos en un reciente editorial, ¿tiene sentido que se aumente el presupuesto del Poder Judicial si, pese a que en los últimos años se incrementaron considerablemente sus recursos, la calidad de sus servicios no mejora y, más bien, parece que empeora relativamente según mediciones de organizaciones nacionales e internacionales?Pareciera que, en la mayoría de casos, la justificación para que nos hagan pagar a los ciudadanos más dinero (que termina congelado en una cuenta o malgastado) es sencilla: pura inercia. Para evitar esto, la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR) tiene que empezar a abarcar cada vez más partidas. Y es que justificar un aumento presupuestal para el siguiente año basado en los resultados que rindió lo ejecutado el año anterior debería ser el único criterio para entregarle más dinero a las entidades públicas. Por suerte, en este respecto cada año hay un avance. Según información del MEF, en el 2012 hubo un 40% del presupuesto general asignado al PpR, cuando en el 2011 el porcentaje fue cercano solo al 15%. Avanzar en ese sentido es lo que ayudará al país a alcanzar una mejor calidad de gasto que repercutirá, a su vez, en una mayor calidad de vida de los peruanos. En cambio, acceder a las peticiones presupuestales de entidades sin capacidad para hacer que el dinero público rinda frutos nos llevará al mismo lugar al que nos llevaría un carro sin motor al que le seguimos echando gasolina: a ningún lado.