La presión tributaria en el Perú (15.5% el 2011) es considerada baja por el Banco Mundial y el FMI, en relación al promedio de la región (alrededor de 19%) y se explica por los altos niveles de evasión (35% en IGV y 50% en el impuesto a la renta). En este contexto, la orientación de última reforma tributaria es positiva, aunque hay algunas disposiciones (por ejemplo, la norma antielusiva general) que han sido calificadas de excesivas, anti técnicas y confiscatorias por un sector del empresariado. Sin embargo, la Sunat ha seguido endureciendo su política. Desde enero próximo se aplicaría la responsabilidad solidaria a los representantes legales (gerentes generales) de las empresas que mantengan deudas tributarias impagas, con la posibilidad de embargo de su patrimonio personal (bienes, vehículos, cuentas bancarias, entre otros). La cobranza coactiva abarcará las deudas que permanecen incobrables durante varios años y se concentrarán en las medianas y grandes empresas. Estas acciones alcanzarán incluso al “administrador de hecho” (aquella persona, de acuerdo a ley, que tiene poder de administración en la empresa pero de manera informal). Y también a los gerentes de empresas evasoras "no habidas". Si bien el hecho de que el monto de la deuda de los 100 contribuyentes morosos mayores supera los S/. 14,000 millones es motivo para endurecer la fiscalización, la pregunta es si no se le está pasando la mano a la Sunat. Sobre todo, si se considera que la carga tributaria es muy heterogénea, siendo mucho mayor en las empresas grandes y medianas del sector formal que son en las que va a enfocarse la fiscalización. En realidad, la atribución de una responsabilidad solidaria del representante legal no es automática y se tiene que demostrar que hubo dolo (intención), negligencia grave, o abuso de sus facultades, y el proceso puede durar años antes del embargo. Por lo que la campaña que viene desarrollando la Sunat indicaría que quisiera crear una cultura de pago de impuestos ‘a la fuerza’ . Consideramos que no es la mejor manera de buscar ese objetivo sino que el tratamiento tiene que ser uniforme para todos los contribuyentes y el reto es incorporar al gran sector informal para distribuir mejor la carga tributaria.
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