Hace unos días, la bancada de Concertación Parlamentaria presentó un proyecto de ley, de autoría de la congresista Luciana León, que busca que las empresas que exportan productos no tradicionales puedan pagar con dólares sus impuestos a la Sunat. Esta opción de pago, que fue eliminada de nuestra legislación en el 2003, beneficiaría según los autores de la iniciativa a 10.158 negocios que se estima pagarían impuestos por alrededor de US$3 mil millones.La razón por la que se planteó esta propuesta es que en los últimos 12 meses la cotización del dólar ha bajado en 5,7% y, de mantenerse este escenario, al momento de tener que cancelar sus impuestos dichos empresarios sufrirán una pérdida, ya que necesitarán más dólares para comprar soles con la finalidad de pagar a la Sunat. Así, si se aprobara este proyecto que permite cancelar tributos con la moneda estadounidense, se protegería a los exportadores del riesgo de la caída del tipo de cambio. A primera vista, esta podría parecer una buena idea. Después de todo, reduciría un importante riesgo que enfrentan los exportadores y volvería más seguros sus negocios. El problema, sin embargo, es el que señaló nuestro columnista Iván Alonso en su artículo del jueves pasado: con esta medida el riesgo no desaparece, sino que simplemente se traslada al Estado (es decir, al resto de peruanos). Y es que si el gobierno acepta los pagos en dólares, llenará sus arcas con una moneda que viene perdiendo valor y será él quien tendrá que asumir la pérdida correspondiente en el momento en el que cambie los dólares a soles para cumplir sus propias obligaciones. Como dijimos en un editorial anterior, esto es como no darse cuenta de que para tapar un hueco siempre hay que traer tierra de otro lugar y eso, finalmente, solo implica mover el hueco de sitio.Por eso, la pregunta no es si el riesgo se eliminará sino, más bien, ¿quién debería asumir el riesgo que supone el tipo de cambio, los exportadores o el Estado? Como señaló Alonso, lo natural sería que lo asuman los empresarios. A fin de cuentas, si ellos se llevan todas las ganancias cuando el tipo de cambio los favorece y aumenta sus utilidades, ¿por qué tendríamos el resto de peruanos que asumir las pérdidas cuando el tipo de cambio los perjudica? Las leyes que pretenden que las ganancias de un negocio sean privadas y las pérdidas socializadas son, después de todo, tan injustas como las que plantean lo contrario. Pero no se trata solo de un tema de justicia. Además, si este riesgo es asumido por los empresarios, se vuelve más fácil reducirlo. En primer lugar, porque quien puede tomar más medidas para controlar un riesgo es quien realiza la actividad riesgosa. Imaginemos, por ejemplo, alguien que maneja una motocicleta. Al ser él quien tiene mayor control sobre la actividad, es también quien se encuentra en la mejor situación para tomar precauciones, como quizás no ir muy rápido, verificar los frenos, usar casco o respetar los semáforos. Algo parecido ocurre con los inversionistas. Ellos pueden controlar el riesgo del tipo de cambio mejor que el gobierno, pues pueden escoger plazas de venta donde les paguen con monedas más fuertes, diversificar sus inversiones en otros negocios más seguros a los que no afecte el tipo de cambio, contratar utilizando herramientas como derivados cambiarios, entre otras opciones que pueden lograr reducir el mencionado riesgo. Y no nos olvidemos, por supuesto, que ellos tienen mejores incentivos que los burócratas para minimizar riesgos, pues los primeros, a diferencia de los segundos, tienen en juego su propio dinero y no dinero ajeno.Afortunadamente, el ministro de Economía es bastante consciente de esta situación, pues la semana pasada se pronunció en contra de la propuesta precisando que no considera que sea una buena política de uso de los fondos públicos. Ojalá y el señor Castilla pueda contagiar su sensatez al Congreso. De lo contrario, los exportadores podrían terminar exportando injustamente las pérdidas de sus negocios al resto de peruanos.(Edición sábado).