Lo que se temía. El Tribunal Constitucional confirmó su intención de quebrar el presupuesto nacional al obligar al Estado peruano a pagar la millonaria deuda de los bonos de la reforma agraria, que en su mayoría ya no estarían en manos de sus dueños originales o descendientes sino bajo la tenencia de grupos de poder nacionales y extranjeros.Las cartas del juego fueron reveladas por el mismo presidente del TC, Ernesto Álvarez, que en una entrevista a la agencia financiera Reuters afirmó que la sentencia "saldría en los próximos tres meses". Esta opinión adelantada sobre un proceso que a la fecha todavía no tiene un panorama claro y menos un dictamen, despierta suspicacia y un sinnúmero de interrogantes respecto al por qué se estaría presionando desde este gran tribunal al gobierno para que cancele estos bonos agrarios emitidos como compensación -en la década del setenta- por el general Juan Velasco Alvarado. Y no es para menos. Pese a que el Tribunal Constitucional ordenó en el 2001 al Ejecutivo pagar los bonos, el criterio de los gobiernos anteriores ha pesado más que la sin razón de este veredicto que, según cálculos conservadores, estaría entre 1.000 millones y 3.000 millones de dólares en bonos. Y si estas cantidades suenan monumentales, otras estimaciones arrojan una cifra mucho mayor, comprendida entre 4.600 millones y 8.000 millones de dólares, es decir, alrededor 4% del Producto Bruto Interno (PBI).