Y AHORA, ¿DIÁLOGO?

La violencia del jueves en La Parada y el posterior saqueo de Gamarra han sido una derrota y una humillación más para el Estado de Derecho y para la policía en el Perú. A las 2:30 de la tarde se desplegaron 1.500 policías para cumplir la orden de la alcaldesa de Lima de bloquear con barreras de concreto los accesos de camiones a La Parada e impedir así que siga funcionando ilegalmente como mercado mayorista. Para las 5 de la tarde la policía, ensangrentada, apedreada, apaleada y aun abaleada, había tenido que replegarse, mientras los comerciantes y los matones que estos contrataron destruían las barreras y procedían al saqueo. El saldo de la jornada fue de dos civiles muertos, 132 heridos (incluidos 94 policías), decenas de imágenes dantescas, y un mercado funcionando con todas sus vías tan abiertas como siempre.Entre las imágenes, vale la pena resaltar la de nuestra portada de ayer, en la que se ve al ensangrentado suboficial PNP Percy Huamancaja Meza siendo arrastrado por las piernas por un grupo de delincuentes al rincón donde lo golpearon en la cabeza con una piedra hasta dejarlo inconsciente (y aún después). Una escena estremecedora por el salvajismo y el sufrimiento que retrata, pero también por su enorme carga simbólica. Y es que lo sucedido al suboficial Huamancaja es lo que desde hace muchos años viene pasándole por doquier en el Perú al Estado de Derecho que él, como policía, representa: las turbas lo están arrastrando por el piso y golpeando hasta dejarlo inactivo. Con la diferencia de que esta vez ha sucedido a pocas cuadras de Palacio de Gobierno.La culpa, desde luego, corresponde a las autoridades. Y, principalmente, al director de la policía y al ministro del Interior; es decir, al Ejecutivo. La alcaldesa dio la orden de realizar el bloqueo, pero quienes tenían la última palabra sobre el cómo (con qué inteligencia, con cuáles armas, con cuántos efectivos) y el cuándo son el ministro del Interior y el director general de la policía, quienes han tratado una vez más, con su increíble negligencia, como carne de cañón a los efectivos del orden y como inexistentes a todos los transeúntes que había en la zona.La alcaldesa Villarán, sin embargo, pese a que hizo lo correcto cuando finalmente decidió ordenar que la fuerza respalde al derecho para producir la mudanza de La Parada, también tiene buena parte de responsabilidad en lo ocurrido. Para comenzar, porque ha venido coordinando con la policía la operación. Esto es lo que correspondía porque, como bien ha dicho, era una operación suya, y ella tenía que preocuparse de ver que las cosas fueran a salir bien. No obstante ello, sus propias declaraciones muestran que las "coordinaciones" fueron realizadas desde la concepción más candorosa posible, por decirlo eufemísticamente, respecto de lo que se tenía que hacer (lo que explica que haya podido calificar a la calamitosa operación como "bien planeada").Así, la alcaldesa (igual, por cierto, que el ministro del Interior) ha expresado su sorpresa ante lo ocurrido. "Esto nunca debió suceder… ha sido una turba armada y violenta que arremetió contra una operación pacífica", dijo. "No pretendíamos un desalojo, sino interrumpir el acceso que está prohibido y esta ha sido la respuesta", agregó luego. Aparentemente, ella creía que para ir a cortarle la respiración - que eso son las rutas de suministro- a un mercado como el de La Parada, donde a menudo se mezclan delincuencia e informalidad, uno puede ir desarmado y esperar una respuesta pacífica porque el corte respiratorio no es, técnicamente, "un desalojo".La responsabilidad de la señora Villarán en lo sucedido, empero, no termina ahí. Ella es quien permitió que la situación de La Parada llegase al punto en el que está. Cuando asumió la alcaldía, tenía a los 250 mayoristas que manejan el 90% del negocio a favor del traslado a Santa Anita. Sin embargo, Villarán lo postergó porque hizo saber que faltaban pabellones que ella se pondría a construir. Dos años después lo ha inaugurado sin haber construido ningún pabellón más y dando la sensación de que el retraso solo se debió a su intención de impedir que Santa Anita fuese vista como un éxito de la gestión anterior, que lo había dejado listo. Esos dos años sirvieron para que quienes tenían intereses económicos en que el traslado no se realizase -por ejemplo, los que alquilan informalmente sus puestos en La Parada- se organizasen, carcomieran a la mayoría que estaba a favor del traslado y volteasen la correlación de fuerzas contra la municipalidad. Cuando se terminan de escribir estas líneas, los 1.000 policías que luego de la catástrofe del jueves resguardaban la avenida más comprometida de La Parada se han retirado del lugar, al tiempo que el mercado continúa funcionando con todas las rutas abiertas. Mientras tanto, el Estado de Derecho permanece por los suelos por donde fue arrastrado el suboficial Huamancaja. Un lugar del que no parece tener muchas posibilidades de salir si prestamos atención a otra de las declaraciones que hizo ayer la señora Villarán: "Ahora más que nunca los espacios de diálogo estarán abiertos". Así como usted lo lee.(Edición sábado).