La empresa española Repsol ha anunciado la venta de su participación en la Refinería La Pampilla. Este anuncio ha disparado la discusión sobre el destino de una empresa cuya propiedad es estratégica en consideración a los criterios de eficiencia y soberanía energética a la que aspira cualquier país.Datos del sector financiero indican que por lo menos dos empresas chilenas, Copec y Quiñenco, estarían interesadas en la compra de las acciones de Repsol, las que constituyen el 51% del total de la refinería, tomando en consideración que el 49% restante se encuentra en poder de varias AFP y otros agentes privados. Si esta operación se concreta, ambas empresas del país del sur controlarían casi monopólicamente el abastecimiento de combustible en el Perú. Como se sabe, el paquete de La Pampilla incluye la cadena de grifos de venta directa al consumidor, el espacio donde finalmente se regula el precio del combustible.Frente a esta posibilidad se abre la alternativa de compra por un consorcio estratégico con participación de empresas privadas nacionales y el Estado que garantice la presencia de la empresa nacional en el manejo de una unidad clave.La Pampilla tiene una capacidad para refinar 100 mil barriles por día, lo que permite una cuota de 50% en el mercado. Si se concretara la creación de un consorcio nacional con participación del Estado, a este 50% se añadiría la producción de la Refinería de Talara, que produce el 47% del mercado, con lo que tendríamos la posibilidad de precios más seguros y sanos.En el Congreso, parlamentarios de oposición han demandado a los titulares de Economía y Energía y Minas una información detallada sobre las consecuencias que la venta de los activos de Repsol en el Perú y particularmente de La Pampilla significarían para el Perú. En esta información se debería incluir el punto de vista oficial del gobierno del pago de impuestos sobre la venta de acciones y activos de la multinacional y las medidas que ha tomado el Estado para el cobro de las regalías que el Consorcio Camisea, del que Repsol es socio principal, debió pagar al Perú por los 10 embarques de gas que fueron a un destino distinto al anunciado. Esta deuda supera los 120 millones de dólares y sobre ella se mantiene un silencio oficial de tres meses. Finalmente, de este debate tampoco puede excluirse el destino del Gasoducto Surandino cuyo proyecto original el gobierno ha cancelado.Como se aprecia, el Estado peruano se encuentra en inmejorables condiciones para convertir el retiro de Repsol en una oportunidad para restituir una parte de la soberanía energética perdida con la venta de activos de Petroperú en un proceso cuestionable de privatización que felizmente no concluyó en perjuicios irreparables. Por un lado, es preciso que el gobierno decida de modo oficial y público contribuir a la creación del consorcio nacional para mantener La Pampilla en manos nacionales.Al mismo tiempo, al gobierno le corresponde adoptar decisiones directamente relacionadas con las actividades de Repsol en el Perú para que su retiro no implique la pérdida de recursos y la paralización de proyectos en los que la empresa se encuentra comprometida. Todo esto es posible ahora que el debate en torno a la supuesta incapacidad legal del Estado para intervenir en actividades empresariales ha sido superado a través de un mecanismo de cooperación publico/privado que permite que el Estado cautele intereses básicos del país y la empresa privada alcance utilidades.