OPORTUNIDAD DE MEJORAR LA MINERÍA TRAS CONGA
19 de octubre de 2012

PROYECTOS AVANZAN. El impacto final sobre la inversión minera de la suspensión del proyecto Minas Conga todavía es una incógnita. A corto plazo los proyectos en cartera siguen avanzando, como es el caso de los cuatro megaproyectos de cobre (Antapaccay, Antamina, Toromocho y Las Bambas) que entrarán entre este año y el 2015 y que significarían ocho Congas. Además hay anuncios de inversiones por más de US$ 32,000 millones en minería e hidrocarburos para el periodo 2012-2014. Una característica que se espera tengan los nuevos proyectos mineros, tras las lecciones de Conga, es que se harían bajo estándares del Primer Mundo, es decir, garantizando la preservación del medio ambiente, el respeto a las comunidades y sostenibles en el tiempo. Si bien todo indica que las propias empresas mineras tienen interés en caminar en ese sentido, sin embargo, no será un camino fácil. Primero, porque la normatividad anunciada por el Gobierno para tal fin todavía está en proceso de cambio e implementación. Es el caso de la Ley de Consulta Previa, que si bien ya fue aprobada, no cuenta con una base oficial de datos del total de pueblos indígenas y los representantes de estos piden que se incluya a todos los descendientes de los pueblos que habitaban este territorio antes de la Colonia. Tampoco está lista la planificación del ordenamiento territorial, necesario para el uso de los suelos, que parece haberse entrampado. Además, hay normas y nuevos procedimientos anunciados por el Gobierno para dar luz verde a las mineras que recién están implementándose, como es el caso de la oficina técnica encargada de aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) de diversos sectores, anunciada por el primer ministro durante la presentación al Congreso. Consideramos que ahora es la oportunidad de dar un paso importante (o definitivo) en la resolución de los conflictos mineros y mejorar la atracción de la inversión. Ello requiere un marco normativo equilibrado y coherente y no uno que prescriba un tratamiento riguroso solo para la minería formal, mientras que es muy laxo con la minería informal-ilegal (que es la que más contamina y más explota a los trabajadores informales).