En recientes declaraciones a RPP, el presidente Humala demandó a los empresarios agilizar las inversiones. Sus palabras, si bien probablemente vienen acompañadas de las intenciones adecuadas, parecen pasar por alto aquello de lo que dependen las decisiones de inversión de cualquier empresario, desde un bodeguero hasta la transnacional más grande: la rentabilidad.Y es que si el presidente fuese consciente de lo que mueve a los empresarios se daría cuenta de que sus vacilaciones al momento de invertir son causadas en muchos casos por el propio Estado que se encarga de crear baches en su camino.Quizá el primer paso que debería seguir el Estado para pavimentar el camino de la inversión (en vez de sabotearlo) sea simplemente dejar de actuar discrecionalmente frente a las inversiones y dedicarse a cumplir con la única garantía de que las reglas de juego no cambiarán y de que todos los empresarios serán tratados por igual: la ley. Solo por citar un caso, es aún cercano el recuerdo del presidente dando un mensaje a la nación en el que, si bien tomaba la decisión correcta de apoyar la continuidad de Conga, no tenía reparo alguno en realizar exigencias más allá de las normas. Por ejemplo, cuadriplicar la capacidad de los reservorios y crear 10.000 puestos de trabajo directo (4.000 más de los necesitados por la minera).No olvidemos, por lo demás, de que una de las reformas más urgentes es la eliminación de las barreras burocráticas que encarecen la inversión en nuestro país. Actualmente, según el World Competitiveness Report, de una lista de 144 países ocupamos el puesto 128 en la categoría de carga impuesta por regulaciones burocráticas (el último puesto es el país que más cargas impone). Esta vergonzosa posición se ha traducido en grandes pérdidas monetarias para el país. Por ejemplo, este año Indecopi presentó un estudio que investigó el costo impuesto por requisitos burocráticos ilegales o absurdos eliminados por la Comisión de Acceso al Mercado durante el 2010. El informe concluía que si todas las empresas de los sectores afectados no hubiesen tenido que enfrentar esas barreras hubieran ahorrado más de S/.600 millones y hubieran podido generar alrededor de 19.500 puestos de trabajo. Como para confirmar este problema, según una reciente encuesta a asistentes al CADE, el 65% de microempresarios y pequeños empresarios percibía que los municipios distritales ponen trabas a sus negocios, 58% consideraba que lo mismo hacían las municipalidades provinciales y un 57% creía lo propio de la Sunat.La inmensa presión tributaria de nuestro país también debe ser aliviada si es que deseamos hacer más rentables los negocios. Una vez que se toman en cuenta todos los ingresos del fisco, resulta que la presión tributaria es de 23,8%, bastante más alta que el 16% oficial y 10 puntos por encima del promedio mundial. No es de extrañar que, según un estudio de la Internacional Finance Corporation y PricewaterhouseCoopers, ocupemos el puesto 97 de 183 países en carga tributaria. La situación se revela más grave al enterarnos que estamos situados en el puesto 132 en tiempo para cumplir los trámites necesarios para pagar impuestos.Por si fuera poco, nuestra legislación laboral solo acrecienta el problema: somos el país 107 de 144, según el World Competitiveness Report, en facilidad para contratar y despedir trabajadores.Finalmente, no pasemos por alto que estos enormes baches que el Estado crea en el camino de la inversión son aún más difíciles de sortear mientras más pequeño sea el vehículo de los empresarios. Esto, precisamente, es lo que sucede a la mayoría de negocios peruanos, pues ya hace cuatro años las mypes representaban 55% del total de empresas en el país y empleaban al 70% de la PEA ocupada.Por todo esto, el señor Humala debería ser más consciente de qué es lo que mueve a las empresas antes de simplemente exigirles que agilicen sus inversiones. Por más ganas que tenga el señor Humala de que ellas le echen una mano ayudando a dinamizar la economía del país debería saber que no son sus ganas las que hacen rentables los negocios.