SIN RUMBO CLARO. La existencia de empresas estatales “estratégicas” es uno de los mayores dilemas que el Estado peruano aún no resuelve desde hace más de 20 años, y todo indica que el actual Gobierno tampoco lo hará, más aún cuando el propio presidente Ollanta Humala es partidario de la actividad empresarial "estratégica" del Estado. Lo cierto es que el debate no ha logrado desmadejar el enredo en que todavía estamos, pese a que la experiencia nacional e internacional se inclina a confirmar que los fracasos son más numerosos que los éxitos cuando el Estado decide actuar como empresario.En las últimas dos semanas el debate del rol de las empresas estatales se ha reabierto. Primero, con Petroperú y la insistencia del Gobierno para que esta participe en el proyecto de expansión de la red del gas. Antes del 28 de julio, se buscaba que sea socia en el proyecto del gasoducto andino del sur; pero tras haberse desechado esa opción, en el nuevo esquema se sigue considerando su participación. Y no solo eso, se busca que también sea socia en la subasta de los lotes petroleros que se ejecutará en noviembre próximo.Este es un ejemplo de que el Gobierno no posee una visión clara acerca del papel de Petroperú, considerando que hasta el momento no puede estructurar el financiamiento para la modernización de la refinería de Talara. Y en medio de estas vicisitudes tiene previsto empezar a listar en la Bolsa de Valores de Lima.Por si fuera poco, se pretende embarcar a Enapu en una ruta similar, haciéndola socia de los operadores que se harán cargo de otros puertos que se concesionan. Este esquema ya se aplica en el Muelle Norte del Callao y, por lo declarado por el ministro de Transportes, no ha resultado rentable para Enapu, pues los ingresos que recibe por esa asociación no cubren sus pérdidas.Consideramos que es inconveniente hacer participar a las empresas estatales en proyectos de inversión cuyo riesgo debe ser asumido por el sector privado, aunque se ponga como ejemplo que los nuevos esquemas se aplican en países como Colombia. Estamos seguros de que la posición del Ministerio de Economía es distinta, y el presidente Ollanta Humala debería escucharla.
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