Justa indignación causó descubrir el torpedo del presupuesto del Congreso: en julio próximo cada parlamentario cobrará S/.170.640 como término de su mandato.¿Qué hacer? Según el jurista Jorge Avendaño, casi nada, aparte de indignarnos por este acuerdo "chocante y desacertado", puesto que la Constitución autoriza al Parlamento a elaborar su presupuesto.Para el especialista en derecho procesal Juan Monroy, dado que la decisión tomada forma parte de una ley (la de Presupuesto), el único proceso habilitado para rechazarlo es el proceso de inconstitucionalidad.Pero --explica-- hallar una causa de inconstitucionalidad a esta decisión es complicado, pues se trata de una cuestión de oportunidad. En otras palabras, no prosperaría."La decisión repugna en el ámbito de una ética política. Es decir: ¿Puede ser posible que en el contexto de una demanda masiva de aumentos presupuestales para cubrir servicios básicos se utilice el dinero para provecho de quien toma el acuerdo? Lamentablemente, el tema no es jurídico, lo que no quita que sea deplorable", dijo Monroy.