Los jueces están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para obtener los S/.1,157 millones que reclaman para su operación del año 2006, frente a los S/.636 millones asignados por el Ejecutivo.Su argumento es que los S/.521 millones adicionales que reclaman no solo permitirán una mejora de los sueldos de los jueces sino, también, un incremento de su operatividad y eficiencia para, por ejemplo, atender más de tres millones de expedientes acumulados.Los jueces no son los únicos proveedores de servicios públicos básicos para la población que están en la cola de quienes le piden más recursos a un presupuesto escaso. Los policías, por ejemplo, para no hablar de los médicos o de los maestros, están solicitando S/.438 millones adicionales para el ejercicio fiscal 2006. Mientras, los congresistas dan señales de haber perdido toda la vergüenza e inventan mecanismos para aprobar, entre gallos y medianoche, unos sueldazos que le permitirá, a cada uno de ellos, cobrar en julio próximo S/.118,000 por CTS, gratificaciones y gastos por 'desinstalación'.El problema de los jueces es que su reputación es espantosa. Los ciudadanos interrogados en una encuesta de Apoyo, por encargo de Justicia Viva creen que apenas dos de cada diez jueces son honestos. Más del 90 por ciento de ellos creen, además, que en el Perú quien tiene dinero o influencia ganará un juicio. Solo la cuarta parte prevé que para ganar un litigio judicial hay que decir la verdad. La opinión pública piensa que la mayoría de jueces son corruptos.Tan preocupante como esos indicadores divulgados por una organización seria como Justicia Viva, ha sido la reacción de varios magistrados supremos ante los penosos resultados de esa encuesta, empezando por el presidente de la Corte Suprema, Walter Vásquez Vejarano, junto con otros que se escudan, con prepotencia, en supuestas campañas de demolición ante lo que es crítica legítima.La incapacidad de los jueces para reconocer sus graves problemas, deficiencias y miserias es el obstáculo principal para emprender una verdadera reforma de la justicia, señala el director de Perú 21, Augusto Álvarez Rodrich.