El uso de "fuerza letal" de agentes de seguridad del Estado para controlar protestas sociales, fue cuestionado por Human Rights Watch, tras recordar que durante el primer año del gobierno del presidente Ollanta Humala se habrían registrado 15 muertes. "Reconocemos que el Estado peruano tiene la responsabilidad de asegurar que quienes participen en protestas y manifestaciones públicas respeten la ley (…) No obstante, también tiene la obligación de llevar a cabo operativos de orden público de un modo que garantice el pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, de asociación y el derecho a la vida", refiere una carta enviada por el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco al jefe de Estado.
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- [Diario 16,Pág. 6] /