PERSPECTIVAS. ¿Cómo explicar que mientras las expectativas de inversión a seis meses han mejorado, los empresarios mineros y energéticos ven el panorama con poco optimismo? Pues en el primer caso se trata de tendencias de corto plazo que responden a la percepción que los empresarios tienen de la coyuntura. Esta encuesta, realizada mensualmente por el BCR, refleja estados de ánimo más que planes futuros que sí involucran la ejecución de proyectos. En el segundo caso, sí se trata de capitales proyectados para el mediano y largo plazo que corren peligro de postergarse, o peor aún, de no realizarse. La semana pasada, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía alertó respecto a que existen 43 proyectos mineroenergéticos por US$ 25,000 millones, atrasados por causa de factores como los conflictos sociales y las trabas burocráticas. Estos obstáculos no son nuevos, pero el problema es que las autoridades no parecen estar trabajando en su solución con la convicción que su gravedad amerita. Los conflictos sociales no dan tregua ni la darán si el Gobierno continúa esperando a que estallen en lugar de reaccionar en su etapa de gestación. La imagen de debilidad que presenta solo contribuirá a que los agitadores sigan saliéndose con la suya. Por el lado de la burocracia, todo parece indicar que el escenario empeorará en los próximos meses. Por ejemplo, pese a que la Ley de Consulta Previa ya cumplió un año de promulgada, todavía no se completa su parte operativa. En otras palabras, las empresas no cuentan con reglas claras, y se ven por esa razón obligadas a paralizar sus planes. Se ha informado que el primer proceso de consulta se realizará recién en febrero próximo, aunque conociendo los plazos oficiales habría que agregar unos meses más.Por su parte, la anunciada creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) ha añadido un componente adicional de incertidumbre, pues el Congreso no ha mostrado interés en debatir la ley, cuyo proyecto tampoco contiene plazos para la transferencia de funciones. Mientras el Gobierno enfríe su accionar, es lógico que la inversión opte por esperar.
- [Gestión,Pág. 18] /