Cada vez que no tienen qué decir, los políticos tradicionales plantean una nueva Constitución. Quieren hacerle creer al electorado que cambiando la Constitución el país va a salir de sus dificultades. Nada más equivocado. Se entiende el afán de los marxistas por cambiar la actual Constitución que ellos consideran influenciada por el neoliberalismo, pero que lo pidan otros candidatos supuestamente modernos en economía es el colmo. Exponen al país a perder tiempo y dinero con una asamblea constituyente, que al final de cuentas termina negociando puntos y comas, alcanzando acuerdos "históricos", como por ejemplo la frankensteiniana economía social de mercado. En general, las leyes en el Perú suelen estar alejadas de la realidad. El caso de la Ley General del Trabajo es brutal. Ahora la Comisión de Trabajo del Congreso quiere modificarla, incrementando beneficios laborales al extremo de poner en riesgo la contratación de nuevo personal. Irresponsablemente, sus miembros proponen que vencido el período de prueba se establezca en la práctica una estabilidad laboral absoluta, con una indemnización por despido que puede llegar hasta los 24 sueldos, entre otras perlas. Así rigidizan la legislación laboral, y generan mayor costo para el empleo formal, ahuyentando la nueva inversión y la ampliación de actividades formales. ¡Cómo podría el Perú enfrentar el problema de la informalidad si el costo de formalizarse es cada vez mayor! América Latina cuenta en general con una de las regulaciones laborales más proteccionistas del mundo. El populismo ha prevalecido en este tema. Y dentro de América Latina la legislación laboral peruana bate algunos récords. Aquí se ofrecen 30 días de vacaciones pagadas, mientras el promedio latinoamericano es de 15 días. Sólo el Perú ofrece dos sueldos obligatorios adicionales (gratificaciones) al año. Naturalmente, como las gratificaciones son salarios diferidos, a la hora de contratar personal las empresas peruanas dividen el salario anual entre catorce y establecen un pago mensual más reducido. Tontamente, estas leyes ideologizadas, lejos de proteger, más bien perjudican al trabajador. A ellos les convendría más recibir doce sueldos mayores parejos todo el año que un sueldo reducido durante diez de los doce meses del año, para luego tener una artificial sensación de bonanza en julio y diciembre. Algunos beneficios en la Ley General del Trabajo resultan ficticios. Sólo diez por ciento de los asalariados goza de vacaciones, y en promedio los que las toman usan sólo tres de las cuatro semanas establecidas. Prefieren el ingreso adicional al descanso obligado. Sólo uno de cada tres asalariados del sector privado y sólo uno de cada ocho trabajadores están cubiertos por alguna forma de seguro de salud. Sólo uno de cada cuatro asalariados privados está potencialmente cubierto por la indemnización contra despidos. Esta es la realidad que muchos políticos demagógicamente prefieren ignorar. Pero como se acercan las elecciones, algunos congresistas pretenden ganar votos incrementando el ya desproporcionado proteccionismo laboral, alejando a los informales de la posibilidad de un empleo digno y generando una caída del salario real, porque todo sobrecosto que se añada deprime la suma mensual que se le puede pagar a un trabajador en planilla, señala Gonzalo Prialé.