Luego de los sucesos de Conga y de la decisión gubernamental de no seguir extendiendo el estado de emergencia en las provincias de Bambamarca, Cajamarca y Celendín, es esperable que no sepamos de nuevas iniciativas mineras en la región por un buen tiempo. Esa, sin embargo, no es noticia nueva, pues desde el 2005 no se permiten proyectos mineros en esa región, y esto, naturalmente, ha tenido consecuencias en el estado de la economía, en el desarrollo y en la calidad de vida de los cajamarquinos.El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha encontrado información valiosa para entender un poco mejor el saldo que deja el movimiento antiminero en Cajamarca. El instituto menciona que, entre el 2001 y el 2005, el PBI real cajamarquino creció 27%, casi el doble de lo experimentado en el ámbito nacional; mientras que entre el 2005 y el 2010 (cuando se paralizó la inversión minera), su PBI solo creció 2%, cuando el nacional lo hizo en 34%.Algo similar sucedió con el empleo. Entre el 2005 y el 2011 en la ciudad de Cajamarca este solo aumentó en 10%, mientras que el aumento promedio en las 20 principales ciudades del país fue de 36% y en Arequipa (otra región donde la minería es la principal actividad y donde no se paralizaron los nuevos proyectos de esta índole) aumentó en 59%.Y ni hablemos sobre la gestión del gobierno regional. Las cifras muestran que cuando la prioridad del presidente regional es encabezar un movimiento político, este descuida inevitablemente sus funciones. Desde el inicio del gobierno del señor Santos la inversión real por habitante descendió en 4%, mientras que, por ejemplo, en Arequipa esta ha aumentado en 24%.Ahora bien, la importancia de esta información no solo debería servir para llorar por la leche derramada y añorar días mejores. Debería servir también para tomar conciencia de que la paralización de la minería tiene graves consecuencias y para prevenir posibles conflictos en regiones análogas cuyo desarrollo se basa en la minería y cuya conflictividad social sea uno de sus problemas recurrentes. El caso de Arequipa, a fin de cuentas, demuestra que es posible tener actividad minera que respete las normas ambientales, que genere claros beneficios para la población y que no sea el centro de desbordes sociales.Para empezar, es necesario tener en cuenta que, según la Defensoría del Pueblo, para julio los conflictos socioambientales constituyen el 68% de los conflictos registrados en el ámbito nacional (148 de 243) y las regiones con más conflictos son Áncash, Puno y Cusco, aunque estos se presentan prácticamente en toda región donde existe minería.¿Cuál sería el costo que podría sufrir el Perú entero si los conflictos sociales en estas zonas tuvieran un desenlace similar al de Conga? Una idea nos la da otro estudio del IPE de este año, que calcula que si se pusieran en ejecución todos los proyectos mineros identificados por el Ministerio de Energía y Minas, se exportarían más de US$30.000 millones anuales. Estas exportaciones aumentarían el PBI anual en más de US$44.000 millones al año y generarían 2,4 millones de puestos de trabajo estables mientras duren los proyectos.Como puede verse, no es pequeña la oportunidad de desarrollo que se dejaría pasar si se repiten más Congas en el futuro. Especialmente, si tenemos en cuenta que varias de las regiones con mayor potencial minero justamente necesitan una inyección de inversión que genere riqueza y trabajo. Por ejemplo, según el INEI, entre el 2001 y el 2009 Áncash y Pasco crecieron muy por debajo de la media nacional, mientras que Madre de Dios la supera solo en un décimo de punto porcentual.En pocas palabras, y asumiendo las dificultades de encontrar patrones parecidos, existen simples señales en varias regiones conflictivas que marcan el paso de "lo que podría ser" y de las oportunidades que terminaríamos dejando pasar. Por eso, el Gobierno debería ser consciente de lo que se encuentra en juego y de que más vale prevenir. De lo contrario, seguiremos lamentando que la famosa frase de Raimondi sobre el mendigo siga perennemente de moda en nuestro país.