El Gobierno y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) pidieron no afectar los programas sociales pretendiendo politizar la denuncia sobre algunos casos de filtración de beneficiarios, detectados en el distrito de Supe, la provincia limeña de Barranca. Jiménez, sostuvo que está bien que estos programas sean fiscalizados, pero no que se pretenda deslegitimar o destruir uno tan importante como Pensión 65, haciendo "politiquería" sobre la mencionada denuncia.Explicó que la focalización de hogares de los beneficiarios es responsabilidad de los municipios, que trasladan esa información a Ejecutivo para la aplicación del programa social, como parte de la alianza entre ambas instancias del Estado.Añadió que, lamentablemente, siempre habrá información inexacta y errores estadísticos, frente a lo cual debe hacerse la verificación respectiva.