NI ANGELES NI SANTOS
13 de agosto de 2012

Durante los últimos nueve meses, Gregorio Santos se ha preocupado por dejar algo en claro: en el Perú, un presidente regional tiene suficiente poder para desconocer el estado de derecho, desafiar al Gobierno e ignorar las leyes nacionales sin que haya mucho que sea posible hacer al respecto. Como recordábamos ayer, la lista de ilegales actuaciones del señor Santos es larga. El movimiento que él colidera cometió el delito de bloqueo de carreteras, secuestró Cajamarca durante una semana y atacó una municipalidad usando armas de fuego buscando castigar a un alcalde opositor. Como si esto fuera poco, el presidente regional decidió desconocer el estado de emergencia dispuesto por el Ejecutivo e hizo como si las leyes del Congreso no existieran al impedir que una empresa que había cumplido con todas las exigencias legales pudiera iniciar sus operaciones. Así, Cajamarca parece haberse convertido en una suerte de señorío feudal de Gregorio Santos, quien usa su posición de funcionario público (auspiciada por la involuntaria y fina cortesía de todos los contribuyentes) para hacer y deshacer como a él le parezca.En este Diario hemos denunciado los abusos de poder del señor Santos varias veces. En esta oportunidad, sin embargo, buscamos ir más allá de Cajamarca. Queremos hacer hincapié en cómo esta situación podría repetirse en cualquier región del país por una sencilla razón: no existen mecanismos efectivos para que un poder estatal de índole nacional controle los excesos de los funcionarios regionales, por ejemplo, removiéndolos del cargo.Como todas las constituciones democráticas modernas, la peruana se construye sobre la idea de que el poder se debe dividir entre varios organismos. El Ejecutivo, por ejemplo, no puede hacer nada que no le haya permitido antes una ley del Legislativo, pero a su vez tiene la posibilidad de observar y detener los proyectos normativos que este apruebe. Asimismo, el Congreso puede censurar a los ministros de Estado, pero el presidente puede disolver el Congreso si le censuran a más de tres gabinetes. La lógica de esta división de poderes es sencilla: si alguna autoridad se extralimita, los ciudadanos siempre tenemos otra a cual acudir para intentar ponerla en su lugar. Lamentablemente, al diseñar los gobiernos regionales no se tuvo clara la importancia de que todos los ciudadanos siempre tengan un poder a quien acudir si otro amenaza sus derechos. Solo se crearon mecanismos políticos para que los ciudadanos de la propia región controlen a sus autoridades (la revocación por referéndum o por decisión del consejo regional), mas no una puerta que podamos tocar el resto de peruanos si ellas dañan los intereses de todo el país o amenazan su naturaleza unitaria, como sucede cuando un presidente regional sugiere una deposición antidemocrática del presidente de la República, incita a actos de violencia o impide que se exploten recursos naturales que pertenecen a todos.A raíz de esta situación, tiene mucha lógica la propuesta de un grupo de congresistas que plantea que el Parlamento tenga la posibilidad de interpelar y censurar a los presidentes regionales de manera similar a como lo puede hacer con los ministros (o quizá sujeto a requisitos más estrictos para evitar a su vez abusos del Congreso). La idea tiene mucho sentido: si estas autoridades ponen en riesgo los intereses de la nación, los representantes de la totalidad de los peruanos deberían poder removerlas en defensa de sus electores. James Madison advertía acerca de los riegos de concentrar el poder en una sola persona. Aseguraba: "Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario un gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no sería necesario ningún control externo ni interno sobre el Estado". Pero, como no son criaturas celestiales las que gobiernan, señalaba el ideólogo estadounidense, es necesario dividir el poder para impedir los abusos. Hoy, más de doscientos años después de estas frases de Madison, la situación en Cajamarca nos recuerda lo acertada de su preocupación y que tenemos que diseñar un sistema para controlar los excesos de cualquier presidente regional. Y es que, si bien no podemos aspirar a un gobierno de ángeles, tampoco tenemos porque sufrir un gobierno de Santos.